Las perspectivas de la educación superior en Colombia son inciertas y ambiguas

POR: ALEXI E RODRIGUEZ P

En la década de los noventa la situación y las perspectivas de la educación superior en Colombia eran inciertas y ambiguas. La deficiencia en la calidad del sistema es atribuida por algunos a una falta de fomento y control estatal, mientras que otros se quejan de la presencia exagerada del estado y reclaman un sistema educativo superior autónomo, con una instituciones capaces de decidir qué tipo de programas, contenidos curriculares, precios de matriculas y servicios ofrecidos.

Indicando la década el país entra en la ambiciosa Constitución Política de 1991, la cual enfatiza el papel primordial del estado atribuyéndole nuevas y diferentes responsabilidades. A la par con esta nueva carta de navegación el Plan de Apertura Económica de la época, se mete en el trabajo de desmontar el Estado Protector, que eran esos restos que quedaban del Estado de Bienestar. La carta política en lo que tiene que ver con la educación, no pasa de ser una declaración bien intencionada de principios; le asigna un fuerte papel al estado como garante de la educación, elevándola al rango de derecho de los ciudadanos; es el estado mismo a quien compete la satisfacción de este derecho.

Para este mismo periodo se crea la comisan de “Los Diez Sabios” en el país, los cuales buscan producir una reflexión para el cambio, una propuesta nueva para la revalorización de nuestra educación, dirigida hacia nuevas formas de ver y analizar nuestro entorno; aunque este proyecto se quedo en estudio, al menos sembró conciencia que era necesario cambiar nuestra educación. Aunque esta propuesta no obtuvo los resultados esperados, durante ese periodo (1990-1994) se concibe la Ley 30 de 1992, ley de la educación superior que le confiere a las universidades autonomía y respaldo. Estableciendo la desregulación estatal y la autorregulación y autonomía institucionales.

La ley 30 de 1992 nace en realidad como una estrategia para adoptar modelos internacionales, los cuales ya no miran la educación como un derecho si no como un servicio que debe dar rentabilidad; modelo que en nuestro país ha adoptado el sector salud con la ley 100 de 1993 y del cual estamos presenciando resultados desastrosos.

En la actualidad el cambio más evidente que se pretende introducir por el gobierno en la reforma de la Ley 30, es el que aparece en el artículo 32: “Las Instituciones de Educación Superior privadas pueden ser personas jurídicas organizadas como sociedades anónimas con propósito especial para la prestación del servicio público de Educación Superior”. Desde esta misma propuesta se observa a modo general, que esas sociedades anónimas tendrían ánimo de lucro. Como justificación a esta reforma proponen el de atraer inversión privada para aumentar el acceso, la permanencia y la graduación con calidad, en el sistema de Educación Superior, para millones de jóvenes que hoy no acceden a él.

No así, las estadísticas conocidas de los países que tienen Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, no han aumentan la permanencia y la graduación con calidad. Las experiencias de Estados Unidos, México y Brasil dicen que esas Instituciones de Educación Superior ofrecen en general programas de mala calidad; y que, al menos en el caso de programas de cuatro años en los Estados Unidos, donde se conoce información más detallada, la deserción de los estudiantes de los programas es más del doble de la de aquellos matriculados en la Instituciones sin ánimo de lucro.

El propósito de la reforma tiene un carácter neoliberal, con un indudable propósito de privilegiar al capital financiero y a los mercaderes globales de la educación. La afirmación del Gobierno va en el sentido que con esta medida se garantizará la equidad en la Educación Superior, en tanto se aumenta la oferta educativa; argumento pobre y tramposo que no resiste análisis de la realidad.

La equidad se refiere a la posibilidad de acceder a la educación superior en igualdad de condiciones en términos de costos y de calidad: la educación vista como un derecho, debe ser de acceso gratuito y con los más altos estándares científicos. Todo lo anterior es un claro cumplimiento de nuestro país con los acuerdo pactados para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, comprometiéndose así a otorgar a los proveedores de servicios educativos de Estados Unidos, un trato diríamos en igualdad de condiciones que a sus proveedores de servicios. Aquí el país renuncia al deber de fortalecer la educación pública.

Otro de los acuerdo es que ninguna de las partes podrá adoptar o mantener medidas que limiten el numero de proveedores de servicios, el valor de los activos entre otros. Con esta clausula se evidencia la intención del Gobierno de no exigir que las Universidades adopten la forma jurídica de Fundaciones, abriendo la entrada de las Universidades con ánimo de lucro y fortaleciendo el modelo de Universidades de bajísima calidad.

Otra clausula en el tratado dice que ninguna de las parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquier requisito o hacer cumplir cualquier obligación. Esto claramente suprime cualquier condición que pueda establecer nuestro país con el fin de promover el empleo o el cumplimiento de estándares de calidad a las Instituciones de Educación Superior extranjera.

Se plante además que cuando las decisiones del estado afectan negativamente las posibles utilidades de las Instituciones de Educación Superior con ánimo de lucro, el Estado puede ser obligado a indemnizaciones por ello. Esta clausula prohíbe en la practica el control de precios en las matriculas universitarias, hecho que conducirá sin duda alguna a aumentos en los costos de las matriculas universitarias.

En términos de calidad la Instituciones Educativas de Educación Superior con ánimo lucro no aparecen registradas en los rankings mundiales de calidad; dichas universidades no aparecen ni siquiera cerca de las mejores de Latinoamérica, caso contrario sucede que las Universidades Públicas como la UNAM, la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Buenos Aires, aparecen en lugares de privilegios.

Para finalizar este modelo de Educación Superior que se pretende implantar por el Gobierno es un modelo orientado por la tasa de ganancia y no por el fortalecimiento de la calidad, segregando el mercado educativo según la capacidad adquisitiva de cada cliente.

FUENTE:

BIBLIOGRAFIA

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