El Estado social se ha basado en el argumento marxista de que el
trabajo no es una mercancía como cualquier otra, de manera que, más allá
del número de trabajadores disponibles, el precio mínimo que debe
cobrar un ser humano se fija políticamente, algo que no se hace con las
patatas o las sardinas, cuyo precio depende de la oferta y la demanda.
El argumento liberal contra el Estado social se centra en la idea de
que los productivos y eficientes no tienen por qué financiar a los
improductivos o perezosos. En el feudalismo, los señores se apropiaban
del excedente -creado por los trabajadores, principalmente campesinos- a
través de la coerción: el pacto feudo-vasallático, que obligaba a pagar
un porcentaje de la cosecha a cambio de una protección contra los
propios señores feudales, siempre con la sanción de la iglesia que
cerraba el marco de justificación con la ayuda de dios. En el
capitalismo, el excedente se lo apropian los dueños del capital
-empresarios, terratenientes, rentistas- a través de un contrato
supuestamente libre entre el empleador y el empleado. Y cuando las
relaciones son libres, se presupone que también son consentidas. Toda la
tarea de desmantelamiento de las redes de apoyo mutuo desarrolladas por
el sistema capitalista durante los siglos XVIII, XIX y XX queda fuera
de foco. Es el reino de la “libertad” y, por tanto, en libertad, cada
cual es responsable de su suerte. Si la sociedad es homogénea, si todos
corren los mismos riesgos, todos estarán de acuerdo en colaborar de la
misma manera para asegurarse frente a esos riesgos comunes (es lo que
ocurre en las sociedades nórdicas). Ahora bien, si hay grandes
desigualdades, el escenario cambia. ¿Por qué un profesional liberal o,
incluso, un empleado bien remunerado, va a querer subsidiar a los que
tienen más riesgos que ellos? ¿Por qué pagar más impuestos cuando sus
problemas de salud, de desempleo, de vejez, de ocio, de educación se ven
satisfechos por otro lado? El catecismo liberal sanciona la respuesta:
los impuestos son una forma de subsidiar a los que no han sabido
utilizar su libertad para encontrar su lugar en el mundo. Y fijar un
salario mínimo es una forma indirecta de cercenar la libertad.
Ahora bien ¿acaso no subsidian los que cobran un salario mínimo a los
que gozan de manera privilegiada de las ventajas de la vida social? ¿Es
que vivirían los rico como viven si los conductores de autobús, los
electricistas, los maestros, los pescadores, los aceituneros, las amas
de casa, los asistentes sociales, los trabajadores de la limpieza, los
enfermeros…cobraran un salario “justo”, es decir, acorde con las
ventajas sociales que reportan? Bajar el salario mínimo es hacer que los
pobres subsidien a los ricos. Pero como la hegemonía la han construido
los ricos, la lectura es la contraria: bajar el salario mínimo es acabar
con la esclavitud y el autoritarismo de un Estado voraz que quiere que
los ricos subsidien la indolencia de los pobres. Sólo cuando los más
reclamen el salario justo por su trabajo, este esquema falaz se romperá.
Mientras, el reino de la impunidad sigue vigente.
FUENTE:
Curso urgente de teoría del Estado (13)
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